Aba Guima

A las autoridades del presente Gobierno no les ha temblado el pulso incluso para llenarse las manos de sangre en infructuosos intentos por detener la creciente fuerza de las organizaciones populares. Los hechos que acontecen en el país son suficientemente elocuentes para evidenciarlo. Se trata de casos graves, ante los cuales es preciso manifestarse públicamente con la fuerza necesaria para impedir que la represión se reinstale como práctica política. El Estado, como garante de la seguridad pública, del legítimo derecho de organización y de libre expresión del pensamiento, por acción o por omisión es responsable de todas y cada una de estas acciones inaceptables.

Sólo en estos primeros días del 2007 se han producido varias acciones criminales, represivas e ilegales que lo demuestran:

· El vil asesinato del compañero Pedro Zamora, Secretario General del Sindicato de Puerto Quetzal, hecho en el cual resultó también herido de bala su hijo de tres años de edad, y que generó una fuerte protesta tanto en el plano nacional como en el internacional. Días antes de ser muerto a manos de sicarios, Pedro y otros miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato hicieron formal denuncia respecto a las amenazas de muerte que recibieron. Acudieron ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría de Derechos Humanos y ante el propio Ministro del ramo, pero queda claro que sus gestiones fueron inútiles. Lo asesinan cuando con toda energía se oponía a la privatización, en todo o en parte, de las instalaciones portuarias.

· Los allanamientos a las oficinas del Movimiento de Derechos Humanos y de Comunicarte, en donde los autores materiales, al amparo de la noche, básicamente requisaron los equipos de computación que contienen la información del quehacer de estas organizaciones, hecho que las autoridades se apresuraron a atribuir a la delincuencia común.

· Las reiteradas amenazas contra defensores de los derechos humanos y contra dirigentes sindicales y populares, a quienes los anónimos agresores exigen que se retiren de sus actividades a favor del pueblo, so pena de muerte si insisten en su compromiso con los derechos de la población.

· El horrible asesinato reciente del compañero Israel Carías, dirigente comunitario de Zacapa, miembro del Comité de Unidad Campesina, CUC, quien fuera muerto a tiros junto con sus dos hijos, de 9 y 10 años respectivamente. Previamente había también recibido amenazas de muerte, de las cuales tenía pleno conocimiento la Policía Nacional Civil. Su delito fue oponerse a la deforestación de la zona y proteger, con ello, las fuentes de agua.

Los hechos anteriores son sólo algunos de los actos de violencia acometidos por "desconocidos" en contra de quienes están a la cabeza de las luchas a favor de los intereses superiores del pueblo. No se trata, a todas luces, de hechos aislados. Un recuento de los actos represivos que han tenido logar desde que el actual Gobierno asumió, nos permite ver, con toda claridad, que se trata de la puesta en marcha de una escalada represiva anti-popular que no puede ni debe tolerarse:

· La masacre de 13 campesinos y una cantidad indeterminada de desaparecidos acaecida el 31 de Agosto del 2004 en la Finca Nueva Linda, a manos de la Policía Nacional Civil, durante un desalojo. La propia Procuraduría de los Derechos Humanos documentó varias ejecuciones extrajudiciales y preparó un sólido expediente sobre este caso, pero, a pesar de ello, no se ha abierto causa alguna en contra de los autores materiales o intelectuales de esta nueva masacre, acaecida ahora en tiempos de paz.

· Los siete campesinos acribillados en la Finca el Corozo, en Enero del 2005, a manos de sicarios al servicio de un finquero quien, por lo demás; fue candidato a la Presidencia de la República. Entre estas muertes se dio la de un menor de edad, cuyo cuerpo apareció al día siguiente, con señales evidentes de tortura. Su crimen fue robarse una fruta de un árbol ajeno.

· Las acciones represivas que tuvieron lugar en Sololá, en Febrero del 2005, cuando la población campesina e indígena de ese sufrido Departamento defendía las entrañas de la Madre Tierra, mientras fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía protegían los intereses de una empresa minera extranjera, concretamente la Montana. Estas acciones condujeron a la muerte de Raúl Castro Bocel y generaron más de 20 heridos de bala. Por definición constitucional, el Ejército existe para salvaguardar la soberanía nacional ante una invasión extranjera. Sin embargo, el Ejército abrió fuego en contra de la población, precisamente en defensa de una empresa extranjera cuya presencia es claramente indeseable.

· Los muertos y heridos de Los Naranjales el 15 de Marzo del 2005, a manos del Ejército, que costara la vida al dirigente del Comité de Unidad Campesina, CUC, Juan López Velásquez, produjera 17 heridos y obligara a la amputación de la pierna de un maestro de Huehuetenango, En esta acción represiva y criminal participaron solamente fuerzas del Ejército y no medió provocación alguna por parte de los manifestantes desarmados, como lo evidencian numerosos videos y fotografías publicadas en Internet por turistas que estaban de paso por ahí al momento de desatarse el tiroteo. Las fotos muestran, de manera dramática e irrefutable, el tiro de gracia con el que fuera asesinado el dirigente Juan López.

· En Septiembre primero y luego en Noviembre del 2005, unos 500 efectivos de la PNC, apoyados por 50 del Ejército, desalojaron a tres mil campesinos de la comunidad de Santa María Xalapán, que ocupaban la finca Santa Gertrudis, en Jalapa. Allí resultaron asesinados los compañeros Tomás López y Tereso López, además de decenas de heridos.

· El asesinato, en Santa Lucía Cotzumalguapa, de Don Florentín Gudiel, fundador del CUC y dirigente comunitario sumamente activo hasta el día en que le cegaron la vida, a manos de un escuadrón de la muerte que actúa con clara impunidad en esa zona. Este hecho de sangre que no se ha esclarecido ni, evidentemente, por parte del Ministerio Público se realizan esfuerzos reales por esclarecerlo. Incluso la familia de Don Florentín fue forzada al exilio debido a las amenazas y atentados posteriores en su contra, porque cometieron el delito de reclamar justicia.

· Los repudiables asesinatos de Héctor Benito, Mario Pacheco y de otros militantes de las luchas populares, atribuidos por las autoridades a actos de delincuencia común.

· Los más de 60 allanamientos contra diversas sedes de organizaciones populares y movimientos sociales que han tenido lugar desde que este Gobierno asumiera el poder, también atribuidos por las autoridades, en su totalidad, a delincuencia común. Lo curioso es que los delincuentes comunes tienen marcada preferencia por hacerse con los discos duros de las computadoras, así como por destruir o robar archivos físicos que contienen información de relevancia. En algunos casos, estos allanamientos se acompañan con mensajes y amenazas de muerte pintadas en las paredes.

· El secuestro de una dirigente magisterial en Jutiapa, a quien sus secuestradores amenazaron con dar muerte si ella no renunciaba a su condición de líder sindical. Tampoco en este caso se ha realizado un proceso de investigación que apunte hacia la identificación de los autores materiales e intelectuales y que permita llevarlos ante la justicia.

· La campaña de medios de prensa escrita, radial y televisiva, que procura desprestigiar al movimiento sindical en su conjunto y a sus dirigentes en particular. A esta campaña le han invertido ingentes esfuerzos y recursos. Sólo el matutino Siglo XXI destinó a ello 16 páginas completas, durante cuatro días consecutivos. Para alcanzar sus propósitos, no han dudado en acudir a la difamación, a la calumnia y a la tergiversación malintencionada de los hechos.

· Las reiteradas amenazas telefónicas, los continuos intentos de amedrentamiento, las declaraciones públicas de Sperissen, Jefe de la Policía Nacional Civil, sobre órdenes de captura en contra de dirigentes populares, todo ello forma parte de una clara estrategia represiva y contrainsurgente articulada desde el Gobierno y el sector empresarial.

· Las amenazas de despidos y de levantamiento de actas en contra de dirigentes sindicales del sector público y de los afiliados y afiliadas a las organizaciones gremiales.

· La alarmante solicitud del Gobierno de Guatemala ante el de los Estados Unidos para el establecimiento de bases militares permanentes en suelo nacional, hecha pública por el matutino Prensa Libre el 16 de Junio del 2005, es una pieza más en ese rompecabezas represivo y forma parte de la estrategia de remilitarización coincebida en el nefasto Plan Maya-Jaguar.

· La condenable desaparición del dirigente campesino Héctor Reyes, de quienes no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. En este caso, el propio Presidente Oscar Berger fue absolutamente irrespetuoso con su familia, con la cual se reunió a finales del 2006 a instancias de CODECA, y ante quienes expresó: "De seguro que su marido está en Estados Unidos y les manda pisto todos los meses".

· La desaparición de Oscar Duarte en Mayo del 2006, activo dirigente comunitario de Ciudad Quetzal, a quien secuestran en las narices mismas de la estación de policía, cuyos integrantes no hicieron absolutamente nada para impedirlo y ni siquiera mostraron sorpresa alguna ante el hecho.

· El anuncio de que mil efectivos del ejército estadounidense operarán desde Febrero del 2007 en el Departamento de San Marcos y que permanecerán allí hasta Agosto, es decir, justo durante el período electoral, debe sumarse también a estas amenazas en contra de la paz.

Estamos, pues, siendo testigos y víctimas de un proceso de reinstalación de prácticas represivas desde el Estado y de una remilitarización del país. Ante esta escalada, las organizaciones populares tenemos el deber de alzar la voz de denuncia con toda la energía que el caso amerita.



La represión la han reinstalado impunemente las actuales autoridades. Y amenazan con convertirla nuevamente en una práctica institucional cotidiana desde el Estado. Eso es desde todo punto de vista inadmisible. Pero si no se actúa de manera pronta y enérgica, el país corre el riesgo de presenciar el retorno de los años más amargos de su historia.



Es claro que a Oscar Berger, a Sperissen y a Vilman no les preocupa el pasar a la historia con el mismo palmarés que Lucas García, Chupina o Donaldo Álvarez. En defensa de los intereses del sector empresarial que hoy gobierna y que ellos representan, persiguen, acosan y reprimen.



Deben saber estos sectores criminales y poderosos que no nos amedrentan. Por todo esto, las organizaciones populares insistimos en hacer nuestra la consigna:



¡La Lucha Sigue!