Aba Guima

El sábado 27 de enero, ECAP emitió un comunicado sobre intimidaciones que habían recibido en conexión del trabajo que realizan en Rabinal, Baja Verapaz.1 Desde octubre del año pasado el equipo de ECAP ha sido victima de varias amenazas en persona, escritas y telefónicas por el trabajo psicosocial que realiza en las exhumaciones y con los sobrevivientes de la masacre de Plan de Sánchez.2
El viernes 2 de febrero, una llanta del vehículo de Otto Navarro, abogado trabajando en el área legal de CALDH, fue lacerada. Más tarde este día, José Roberto Morales, coordinador del área de Derechos de los Pueblos Indígenas de CALDH salió de la oficina en un vehículo de la institución. Al llegar a su casa fue secuestrado por dos hombres armados. Lo dejaron en una colonia cercana, diciéndole que lo buscarían en su casa para matarlo si se activara la alarma del vehículo. Posteriormente, el vehículo fue encontrado intacto, con todas las sus pertenencias, incluyendo una computadora portátil de modelo reciente.
Entre el sábado 3 y el lunes 5 de febrero, las oficinas de UPD-MNDH, MNDH y COMUNICARTE fueron allanadas por personas desconocidas. Registraron los archivos, robaron 11 computadoras, sustrajeron el equipo de filmación de COMUNICARTE y dejaron excrementos humanos en la terraza. Mientras el personal de estas instituciones esperaba la llegada de las autoridades el 5 de febrero en la mañana, el ocupante de un vehículo rojo de marca Toyota Corolla, con placas particulares 654CLO los filmó mientras pasaba frente a ellos.
El lunes 5 de febrero, una nota fue dejada en el parabrisas del carro de Angélica González, abogada trabajando en el área legal de CALDH. La nota decía: "DEJA DE FASTIDIAR CON PROTECCION PROTEGETE VOS MISMA QUE NO ENTENDES CON TANTO AVISO DECILE AL PANCHO3 QUE SE CUIDE […] Y LA MUJER QUE SIEMPRE ESTAN SOLOS SIEMPRE LOS VEMOS Y USTEDES ABOGANSTER DE MIERDA QUE SOLO DINERO QUIEREN BUSQUEN OTRO TRABAJO SINO UN DIA DE ESTOS SALDREMOS A ALMORSAR JUNTOS COMO SIEMPRE NOSOTROS INVITAMOS "ENTIENDEN HIJOS DE PUTA". Angélica González fue responsable de tramitar las solicitudes de medidas cautelares a favor del personal de ECAP y de José Roberto Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Todos estos hechos fueron denunciados al Ministerio Público.
Contexto
En una conferencia de prensa realizada el 6 de febrero, las organizaciones afectadas argumentaron que estos ataques podrían estar vinculados. El equipo jurídico de CALDH asesora legalmente a la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) en el caso presentado contra Efraín Ríos Montt y otros militares por genocidio. ECAP brinda acompañamiento psicosocial a sobrevivientes del genocidio, incluyendo a miembros de la AJR y
1 Puede consultar el comunicado en http://www.paqg.org/article.php3?id_article=426&sq=docu
2 El 6 de diciembre pasado, la Coordinación del Acompañamiento Internacional en Guatemala emitió una acción urgente a favor de ECAP y de testigos en casos por genocidio presentados en Guatemala y España. Dicha acción urgente puede consultarse en las direcciones siguientes: En español: http://collectif-guatemala.chez-alice.fr/actions_urgentes/description_esp_06-12-2006.pdf ; en francés : www.paqg.org/article.php3?id_article=397&sq=au ; en inglés: http://gsn.civiblog.org/blog/_archives/2006/12/7/2555917.html ; En alemán: http://www.guatemala.at/AU_ECAP_deutsch.pdf
3 Se refiere a Juan Francisco Soto, coordinador del área legal de CALDH.
otros testigos en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante el conflicto armado. La UPD-MNDH lleva el registro de todos los casos de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos. Está por emitir su informe para el año 2006 sobre la situación de defensores de derechos humanos e investiga casos de alto impacto, incluyendo el ataque continuado contra ECAP. COMUNICARTE se encontraba terminando documentales sobre los temas de Genocidio, la Masacre de las Dos Erres, y las mujeres del Ixcán.
El 7 de julio 2006, la Audiencia Nacional Española giró órdenes internacionales de arresto contra Ríos Montt, Mejía Victores, Chupina, García Arredondo y Benedicto Lucas García por genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales. El 7 de noviembre pasado, Guevara y Chupina fueron arrestados luego de que un tribunal guatemalteco diera trámite a una solicitud de extradición girada por la justicia española. Actualmente, los demás imputados permanecen libres. En declaraciones a la prensa, el presidente en funciones Eduardo Stein dijo: "los guatemaltecos que han cometido delitos en el territorio nacional deben ser juzgados en Guatemala." En su promoción del derecho a la justicia y a la verdad, defensoras/es de derechos humanos han sufrido ataques sistemáticos, incluyendo al menos 13 asesinatos, desde el año 2000.
En octubre del año pasado, la AJR solicitó al Ministerio Público (MP) que tramite ante el juez contralor del caso, Roberto Peñate, la primera declaración de Ríos Montt. Cuatro meses después tampoco se tiene una respuesta por parte de dichas autoridades. El 7 de febrero, CALDH y la AJR presentaron un memorial al juez contralor, señalando su discrepancia con el MP y solicitando que proceda a citar a Ríos Montt y lo acuse por el delito de genocidio cometido bajo su gobierno contra el pueblo Maya Ixil.
De ser vinculado al caso, Ríos Montt no podría concretar su intención de inscribirse como candidato al Congreso, adquiriendo así inmunidad parlamentaria. Las candidaturas para las elecciones generales que se celebrarán en septiembre de este año se recibirán a partir del 3 de mayo.
La Coordinación del Acompañamiento Internacional en Guatemala (CAIG), preocupada por el incremento en amenazas contra estas organizaciones, les solicita tomar acciones para garantizar su seguridad.
Acciones sugeridas
- Solicite al Vicepresidente de Guatemala que se brinde protección a los integrantes de UPD-MNDH, COMUNICARTE, ECAP, CALDH, y MNDH tal como lo soliciten los interesados y que asegure la seguridad de las demás organizaciones y individuos que trabajan en el tema de genocidio e impunidad;
- Solicite al Vicepresidente de Guatemala que se extraditen los imputados solicitados por la justicia española;
- Solicite al Fiscal General la investigación inmediata de los ataques contra el equipo legal de CALDH y del allanamiento de las oficinas de la UPD-MNDH, MNDH y COMUNICARTE;
- Solicite al Fiscal General una acción decidida del Ministerio Público en los casos penales por crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado.
Mandar sus llamamientos a:
Vicepresidente de la República
Sr. Eduardo Stein
Casa Presidencial, 6a. Avenida 4-19, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: (502) 2253 0801 / 2238 0106
(Digan: "tono de fax, por favor")
Tratamiento: Estimado Sr. Vicepresidente
Lic. Juan Luis Florido
Fiscal General de la República y
Jefe del Ministerio Público
Edificio Ministerio Público
15 Avenida 15-16, Zona 1,
Barrio Gerona, 8vo. Nivel,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: (502) 2411 9124/ 9326
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General
Con copia a:
Equipo de Estudios Comunitarios y
Acción Psicosocial -ECAP-
2a. Avenida 1-11, zona 3 Colonia Bran
Telefax: (502) 2232-1430 / 2253-6071
E-mail: ecap@itelgua.com y ecap@guate.net.gt
Centro para la Acción Legal en
Derechos Humanos
6ª. Avenida 1-71, zona 1
Ciudad de Guatemala
Fax: (502) 2230-3470
Correo-e: caldh@caldh.org
Unidad de Protección de Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Nacional de Derechos Humanos
1 Avenida 0-11, Zona 2, Colonia Lo de Bran,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: (502) 2232 2651
(Digan: "tono de fax, por favor")
Correo-e: udefegua@yahoo.com
Coordinación del Acompañamiento
Internacional en Guatemala
caig@riseup.net
y a la representación diplomática de Guatemala acreditada en su país.
Información adicional: caig@riseup.net
La CAIG une los esfuerzos de acompañamiento de diez organizaciones internacionales. Ofrece una presencia física internacional y una observación imparcial a defensoras/es de derechos humanos desde el año 2000. Su mandato es mejorar la situación de derechos humanos en Guatemala a través del acompañamiento internacional a personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos guatemalteco que se encuentran bajo riesgo por el trabajo que realizan a favor de la construcción de una sociedad democrática, multiétnica, pluricultural, basada en la justicia socioeconómica, el respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad. El acompañamiento no puede estar vinculado a actividades ilegales de ningún tipo, ni al uso de la violencia.